Cada año miles de personas se ven obligadas a emigrar de sus lugares de origen empujados por la miseria a las que les somete el Estado y el capitalismo. Atrás, los trabajadores dejamos a nuestros compañeros, familiares, amigos para acudir a otro país para ser exprimidos y desechados por los empresarios y políticos que parasitan del trabajo diario del obrero. Esto no es nuevo, nuestros abuelos en su día se vieron obligados a emigrar a otros países buscando un futuro digno para su familia. En la España de hoy, por poner un ejemplo, más de 700.000 jóvenes han emigrado a Reino Unido y Alemania, principalmente, buscando un empleo, haciendo de nuestro país el segundo con mayor número de personas migrantes.
Esto mismo les sucede a muchas personas de otros países, vienen a Europa por necesidad de subsistir dejando toda su vida atrás.
¿Y qué se encuentran? Un rechazo absoluto porque los Estados criminalizan la inmigración, escudándose en la ignorancia a la que mantienen sometida a la población, usando los medios de comunicación de masas para hacer llegar mensajes como que los recursos sociales son insuficientes ya que una parte importante de los mismos han de destinarse a la población inmigrante, o relacionando a ésta con la delincuencia creando prejuicios infundados hacia las personas con una apariencia o una cultura distinta. Estos prejuicios fomentan el miedo, y este la xenofobia y la violencia. El objetivo no es otro que el desclasamiento social, y el consiguiente enfrentamiento entre los obreros, hecho que sirve de excusa al estado para reforzar los mecanismos de control de la población y realizar sin ningún pudor controles racistas en las calles o en las paradas de los metros para secuestrar personas, hacinarlas en cárceles solo para inmigrantes (CIE) y deportarlas, así como disparar a bocajarro en Ceuta y Melilla, al más puro estilo nazi.
Otra estrategia para aumentar el control sobre la población es la criminalización y los montajes policiales contra los movimientos políticos y sociales, como el acontecido el 28 de noviembre del 2013, o incluso contra aquellos partidos que son parte del engranaje político del capitalismo y forman parte del juego constitucional, como el asalto al local del PCE en Alcalá de Henares el 15 de febrero del 2014.
Es una manera de allanar el camino a un proyecto de ley, conocida vulgarmente como "ley mordaza" que da otra vuelta de tuerca a los derechos y las libertares civiles, aumentando la represión, y fomentando el miedo para que la gente no salga a la calle a reivindicar sus derechos.
El 8 de marzo en Lavapiés
No fue precisamente la reivindicación obrera de los derechos de la mujer que cargan de contenido el 8 de marzo de este día en la plaza de Lavapiés, sino la amenaza de una concentración fascista en dicha plaza.
El pasado 8 de marzo, una plataforma fascista, bajo un lema totalmente xenófobo cargado de odio, apuntó al céntrico y madrileño barrio de Lavapiés con un gesto claro de provocación. Su intención era, por una parte, ganar popularidad en las redes sociales y en los medios de comunicación entre los sectores nacionalistas desencantados con el PP y otros sectores obreros que hayan asumido el mensaje xenófobo, consiguiendo ganar un puñado de votos más en las próximas elecciones europeas, y por otro, imponer el miedo en el barrio y provocar otra oleada de represión contra los movimientos políticos y sociales que día a día trabajan ahí, y legitimar el crecimiento del control policial en el barrio.
Lavapiés es un barrio multicultural donde conviven personas de distintas procedencias y culturas. Es flor de multitud de movimientos obreros, autónomos, sociales y políticos. Los vecinos del barrio sufren de manera continuada la violencia institucional a través de la policía, haciendo redadas, expulsando a las personas de sus viviendas o reprimiendo constantemente a quien lucha. Su intención no es otra que la gentrificación del barrio, promovido por las diversas asociaciones comerciales y las patronales del barrio.
Tanto la Delegación de Gobierno como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no quisieron legalizar esta manifestación contra la concentración fascista porque no les interesa potenciar aún más si cabe la tensión y la acción de los movimientos políticos y sociales y en pro de los derechos de la inmigración del barrio, ni emular lo acontecido en la plaza de Tirso de Molina en marzo del 2008, por la concentración del grupo fascista ya disuelto llamado Nación y Revolución, cuya pretensión era similar a la de esta plataforma. Aun así, no se impidió que se volviesen a repetir agresiones en la plaza de Tirso de Molina por parte de un grupo de fascistas hacia otras personas a las que consideran inferiores solamente por su procedencia o el color de su piel, mientras que sus líderes se felicitan por la mediatización del acto, amenazando con que se volverá a repetir en otro lugar de Madrid a finales del mes de marzo.
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